El planteo cuestionaba el artículo 154 del DNU 70\/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la ley 26.737, denominada Ley de Tierras, que establecía límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. <\/p>\n
Para la Corte, el CECIM no podía presentarse judicialmente en defensa de la soberanía territorial bajo la figura de un derecho de incidencia colectiva<\/strong>. “Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”, sostuvieron los jueces. <\/p>\n El tribunal cuestionó además el criterio adoptado por la Cámara Federal de La Plata para admitir la demanda. Según el fallo, pese a que existe jurisprudencia consolidada sobre los requisitos necesarios para habilitar una causa de estas características, todavía hay tribunales que reconocen legitimaciones que se apartan de esos parámetros. <\/p>\n
“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló. <\/p>\n
La Corte consideró que la soberanía territorial no puede ser tratada como un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución. La definió, en cambio, como “uno de los elementos constitutivos del Estado”. <\/p>\n
A partir de esa distinción, concluyó que el encuadre realizado por la Cámara para permitir que la asociación llevara adelante la acción “carece de todo fundamento”. <\/p>\n
Los jueces se ocuparon, no obstante, de delimitar el alcance de su decisión. El rechazo de la demanda por falta de legitimación no significa que la Corte haya avalado la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. <\/p>\n
El pronunciamiento, aclararon, “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70\/2023”<\/strong> y tampoco implica interferir con la intervención que corresponde al Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia. <\/p>\nLa reacción del CECIM<\/h2>\n
El CECIM reaccionó con dureza al fallo y cuestionó especialmente que la Corte le negara legitimación para acudir a la Justicia en defensa de la soberanía. “Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal”, sostuvo la organización de excombatientes, que calificó de “extraño razonamiento” el criterio del máximo tribunal. <\/p>\n
En un comunicado titulado “La Corte decretó que la soberanía no es un bien jurídico y puso a la Argentina en venta”, la entidad sostuvo que el tribunal evitó discutir la cuestión de fondo al resolver el caso por falta de legitimación. “No exploró el planteo jurídico. Dijo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimado”, cuestionó. <\/p>\n
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