![](\"https:\/\/datamarca.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Mamerto-Acuna-e1790868212817-768x517.jpeg\")
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El diputado provincial Mamerto Acu\u00f1a, advirti\u00f3 que el proyecto que adecua el r\u00e9gimen procesal penal juvenil de Catamarca, a la Ley Nacional 27.801, establece su entrada en vigencia inmediata, pero no detalle el impacto presupuestario, los recursos necesarios ni las fuentes de financiamiento para su implementaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n En el marco del debate del dictamen correspondiente al Expte. N\u00b0 595\/2026, que propone adecuar el r\u00e9gimen procesal penal juvenil de Catamarca a las disposiciones de la Ley Nacional 27.801, el diputado Mamerto Acu\u00f1a, advirti\u00f3 sobre la falta de precisiones respecto del costo que tendr\u00e1 la implementaci\u00f3n del nuevo r\u00e9gimen y del origen de los recursos necesarios para ponerlo en funcionamiento.<\/p>\n \u201cNadie discute que Catamarca tiene que adecuar su r\u00e9gimen a la ley nacional. Lo que planteamos es que una ley que nace sin financiamiento corre el riesgo de quedarse en el papel\u201d, sostuvo el legislador.<\/p>\n Acu\u00f1a explic\u00f3 que el proyecto establece que la norma comenzar\u00e1 a regir desde el d\u00eda siguiente a su publicaci\u00f3n. Sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que para garantizar su aplicaci\u00f3n efectiva ser\u00e1 necesario contar con \u00f3rganos especializados, cobertura de cargos, dos equipos interdisciplinarios, uno dependiente del Poder Judicial y otro de Desarrollo Social, programas de medidas alternativas, profesionales especializados, adecuaciones en los centros de privaci\u00f3n de libertad y la incorporaci\u00f3n de la figura del Supervisor exigida por la legislaci\u00f3n nacional.<\/p>\n En ese sentido, cuestion\u00f3 que el dictamen no incorpore una planilla de impacto fiscal que permita conocer con precisi\u00f3n cu\u00e1ntos cargos deber\u00e1n crearse, cu\u00e1l ser\u00e1 el costo salarial anual, cu\u00e1nto demandar\u00e1 la infraestructura necesaria y cu\u00e1l ser\u00e1 el gasto operativo que implicar\u00e1 la puesta en marcha del sistema.<\/p>\n El diputado tambi\u00e9n puso el foco en los art\u00edculos 195 y 198 del proyecto, que habilitan a la Corte de Justicia a solicitar partidas \u201cextraordinarias o adicionales\u201d y al Poder Ejecutivo a \u201creajustar y reasignar\u201d partidas correspondientes al Poder Judicial, Desarrollo Social y Hacienda.<\/p>\n \u201cSi el propio proyecto admite que pueden hacer falta partidas extraordinarias, est\u00e1 reconociendo que habr\u00e1 gasto por encima de lo previsto. Entonces tiene que decir ahora de d\u00f3nde sale ese dinero\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n Acu\u00f1a record\u00f3 adem\u00e1s, que el art\u00edculo 37 de la Ley de Administraci\u00f3n Financiera N\u00b0 4.938 establece que \u201ctoda Ley que autorice gastos no previstos en el Presupuesto General deber\u00e1 especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento\u201d. A esto sum\u00f3 que los art\u00edculos 27 y 31 de la misma norma establecen que los cr\u00e9ditos presupuestarios constituyen el l\u00edmite m\u00e1ximo para realizar gastos.<\/p>\n Otro de los puntos se\u00f1alados por el legislador estuvo vinculado con el Presupuesto 2026. Seg\u00fan indic\u00f3, el Poder Judicial tiene asignados $148.749.213.101 y el art\u00edculo 10 de la ley presupuestaria proh\u00edbe alterar ese total mediante reestructuraciones internas.<\/p>\n \u201cHay dos opciones. Si se paga con lo que ya tiene la Justicia, hay que decir qu\u00e9 se deja de financiar. Si hace falta m\u00e1s dinero, eso no es una reasignaci\u00f3n: es una ampliaci\u00f3n del presupuesto, y esa decisi\u00f3n le corresponde a esta Legislatura, no a una facultad delegada al Ejecutivo\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n En este marco, el Acu\u00f1a traslad\u00f3 al miembro informante una serie de interrogantes vinculados con la viabilidad presupuestaria del proyecto. Puntualmente, pregunt\u00f3 si existe un informe de impacto presupuestario, cu\u00e1nto costar\u00e1 implementar la ley durante 2026 y cu\u00e1l ser\u00e1 su costo anual a partir de 2027, cu\u00e1ntos cargos nuevos deber\u00e1n financiarse, cu\u00e1nto demandar\u00e1n los equipos interdisciplinarios y la adecuaci\u00f3n de los centros de privaci\u00f3n de libertad y qu\u00e9 partidas concretas del Presupuesto 2026 se prev\u00e9 reasignar. Asimismo, plante\u00f3 que, en caso de que esos recursos resulten insuficientes, se precise cu\u00e1l ser\u00e1 la fuente de financiamiento en los t\u00e9rminos exigidos por el art\u00edculo 37 de la Ley de Administraci\u00f3n Financiera N\u00b0 4.938.<\/p>\n Acu\u00f1a agreg\u00f3 que, cualquier mecanismo de financiamiento deber\u00e1, adem\u00e1s, respetar la autonom\u00eda presupuestaria del Poder Judicial.<\/p>\n Finalmente, el diputado sostuvo que el planteo no apunta a cuestionar la necesidad de adecuar la normativa provincial al r\u00e9gimen nacional, sino a garantizar que las obligaciones previstas puedan ser efectivamente cumplidas.<\/p>\n \u201cQueremos una ley que se pueda cumplir. Los j\u00f3venes, las v\u00edctimas y los operadores judiciales necesitan un sistema que funcione, y eso empieza por saber cu\u00e1nto cuesta y qui\u00e9n lo paga\u201d, finaliz\u00f3.<\/p>\n Noticia de Datamarca<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El diputado provincial Mamerto Acu\u00f1a, advirti\u00f3 que el proyecto que adecua el r\u00e9gimen procesal penal juvenil de Catamarca, a la Ley Nacional 27.801, establece su entrada en vigencia inmediata, pero no detalle el impacto presupuestario, los recursos necesarios ni las fuentes de financiamiento para su implementaci\u00f3n. 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