{"id":3408,"date":"2026-10-06T18:25:36","date_gmt":"2026-10-06T21:25:36","guid":{"rendered":"https:\/\/airevision.com.ar\/?p=189381"},"modified":"2026-10-06T18:25:36","modified_gmt":"2026-10-06T21:25:36","slug":"el-gobierno-apelara-el-fallo-que-ordena-aplicar-la-ley-de-financiamiento-universitario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/editorialcatamarca.com\/?p=3408","title":{"rendered":"El Gobierno apelar\u00e1 el fallo que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario"},"content":{"rendered":"

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El Gobierno nacional confirm\u00f3 que apelar\u00e1 el fallo de primera instancia que declar\u00f3 inconstitucional el decreto con el que hab\u00eda condicionado la Ley de Financiamiento Universitario<\/a> y orden\u00f3 su cumplimiento inmediato. La decisi\u00f3n se conoci\u00f3 pocas horas despu\u00e9s de que el juez federal Mart\u00edn Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N\u00b0 11, hiciera lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros actores del sistema universitario.<\/span><\/p>\n

En su resoluci\u00f3n, el magistrado dej\u00f3 sin efecto la cl\u00e1usula del Decreto 759\/2025 que supeditaba la ejecuci\u00f3n de la Ley 27.795 a que el Congreso estableciera las fuentes presupuestarias necesarias. Cormick consider\u00f3 \u201cextraconstitucional\u201d el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para frenar una ley ya sancionada y orden\u00f3 al Poder Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias correspondientes para garantizar la aplicaci\u00f3n de la norma, incluyendo la recomposici\u00f3n salarial de docentes y no docentes y la actualizaci\u00f3n de las becas estudiantiles. Para fundamentar su decisi\u00f3n, el juez cit\u00f3 un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que estimaba que, para 2025, el costo de la norma representaba apenas el 0,23% del PBI, relativizando as\u00ed el argumento del impacto fiscal esgrimido por la Casa Rosada.<\/span><\/p>\n

Desde el Ejecutivo sostienen que corresponde al Congreso determinar de d\u00f3nde saldr\u00e1n los recursos para un gasto no previsto en el Presupuesto y advierten que la ejecuci\u00f3n plena de la ley tendr\u00eda un impacto significativo sobre las cuentas p\u00fablicas en un contexto de ajuste fiscal. Fuentes oficialistas indicaron que trabajar\u00e1n en la estrategia judicial y eval\u00faan otros mecanismos legales para evitar tener que afrontar de inmediato el gasto que implica ejecutar la norma en su totalidad. Con la apelaci\u00f3n anunciada, el caso pasar\u00e1 ahora a una c\u00e1mara de alzada, donde se definir\u00e1 si se mantiene o se modifica el fallo que obliga al Gobierno a aplicar la ley de inmediato.<\/span><\/p>\n

La disputa por el financiamiento universitario comenz\u00f3 en 2025, cuando el Congreso insisti\u00f3 con la ley despu\u00e9s del veto presidencial. El Ejecutivo promulg\u00f3 la norma mediante el Decreto 759\/2025, aunque condicion\u00f3 su aplicaci\u00f3n a la definici\u00f3n de las fuentes de financiamiento. En diciembre del a\u00f1o pasado, el propio Cormick hab\u00eda dictado una medida cautelar para ordenar la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos vinculados con la recomposici\u00f3n salarial y la actualizaci\u00f3n de las becas; esa cautelar fue confirmada por la C\u00e1mara y, en junio, la Corte Suprema rechaz\u00f3 el recurso extraordinario presentado por el Estado. El Gobierno firm\u00f3 en junio un acuerdo con el CIN y los gremios que contempl\u00f3 una recomposici\u00f3n del 24,33% de la masa salarial y una actualizaci\u00f3n del 20% para gastos de funcionamiento, pero el juez consider\u00f3 que esas medidas no implicaban un cumplimiento total de la ley.<\/span><\/p>\n

El conflicto tambi\u00e9n sigue abierto en el Congreso, donde se debate el Presupuesto 2027. El proyecto contempla partidas destinadas al funcionamiento, la inversi\u00f3n y programas especiales de las universidades nacionales, aunque el CIN considera que los fondos previstos son insuficientes y reclama una asignaci\u00f3n mayor. Mientras la Justicia resuelve la apelaci\u00f3n, la comunidad universitaria prepara nuevas medidas de fuerza: hay una huelga de 72 horas en curso como antesala de la 5\u00b0 Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre, con acto central frente al Congreso en Buenos Aires, donde estudiantes, docentes, no docentes, rectores e investigadores exigir\u00e1n financiamiento, recomposici\u00f3n salarial y aplicaci\u00f3n efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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