{"id":3420,"date":"2026-10-06T12:49:54","date_gmt":"2026-10-06T15:49:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldiarioar.com\/opinion\/tribuna\/estimaciones-macroeconomicas-gasto-publico-aprendizajes-2026-presupuesto-2027_129_13567143.html"},"modified":"2026-10-06T12:49:54","modified_gmt":"2026-10-06T15:49:54","slug":"estimaciones-macroeconomicas-y-gasto-publico-aprendizajes-de-2026-para-el-presupuesto-2027","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/editorialcatamarca.com\/?p=3420","title":{"rendered":"Estimaciones macroecon\u00f3micas y gasto p\u00fablico: aprendizajes de 2026 para el Presupuesto 2027"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.eldiario.es\/clip\/eeef4878-333f-48ee-b508-6a2d8c7e1832_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x656y257.jpg\"><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.eldiario.es\/clip\/eeef4878-333f-48ee-b508-6a2d8c7e1832_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x656y257.jpg\" width=\"1200\" height=\"675\" alt=\"Estimaciones macroecon\u00f3micas y gasto p\u00fablico: aprendizajes de 2026 para el Presupuesto 2027\"><\/p>\n<div class=\"subtitles\">\n<p class=\"subtitle\">Entre la inflaci\u00f3n subestimada y la meta de equilibrio fiscal, el gasto social cerrar\u00eda 2026 unos 7 puntos real por debajo de lo votado, mientras la SIDE casi duplic\u00f3 su presupuesto. Qu\u00e9 deja esa experiencia para el debate sobre los gastos del a\u00f1o pr\u00f3ximo.<\/p>\n<\/div>\n<p class=\"article-text\"> En 2025, luego de dos a&ntilde;os de pr&oacute;rrogas, el Congreso aprob&oacute; un nuevo presupuesto nacional para 2026. Sin embargo, las prioridades votadas para este a&ntilde;o no necesariamente se ver&aacute;n reflejadas de la misma manera cuando se llegue a diciembre. Si no hay nuevas modificaciones, el gasto destinado a Servicios Sociales cerrar&iacute;a alrededor de 7 puntos por debajo, en t&eacute;rminos reales, de lo previsto originalmente. Y dentro de esa finalidad, la situaci&oacute;n es todav&iacute;a m&aacute;s desigual: mientras algunas pol&iacute;ticas recibieron refuerzos, otras perdieron recursos incluso en t&eacute;rminos nominales.&nbsp; <\/p>\n<p class=\"article-text\"> &iquest;Qu&eacute; pas&oacute;? El Presupuesto 2026 combin&oacute; dos elementos que resultaron determinantes durante su ejecuci&oacute;n. Por un lado, estableci&oacute; que el ejercicio deb&iacute;a cerrar con un resultado financiero equilibrado o superavitario. Por el otro, fue elaborado con una inflaci&oacute;n anual estimada en 10,1%, muy por debajo del 17,7% que proyectaba el REM cuando se present&oacute; el proyecto y todav&iacute;a m&aacute;s lejos de la inflaci&oacute;n cercana al 30% que se espera actualmente para este a&ntilde;o.&nbsp; <\/p>\n<p class=\"article-text\"> Esa diferencia importa porque buena parte del presupuesto no se actualiza autom&aacute;ticamente con la inflaci&oacute;n. Cuando los precios aumentan por encima de lo previsto, mantener una partida en los valores nominales aprobados significa, en los hechos, reducir los recursos con los que cuenta esa pol&iacute;tica. Y cuando al mismo tiempo existe una meta fiscal que debe cumplirse, la decisi&oacute;n sobre qu&eacute; partidas actualizar, cu&aacute;les no (y de este modo, dejar que pierda valor) y cu&aacute;les directamente recortar adquiere una importancia central. <\/p>\n<p class=\"article-text\"> Eso fue lo que ocurri&oacute; durante 2026. A la licuaci&oacute;n producida por la inflaci&oacute;n se sumaron modificaciones presupuestarias realizadas por el Poder Ejecutivo. En mayo, por ejemplo, una Decisi&oacute;n Administrativa redujo el gasto autorizado en $2,44 billones con el objetivo declarado de cumplir la meta de equilibrio o super&aacute;vit financiero establecida en la ley de presupuesto. Posteriormente hubo ampliaciones, entre ellas para prestaciones sociales, universidades, salud y salarios, pero esos refuerzos fueron selectivos y no alcanzaron a recomponer de manera general la p&eacute;rdida provocada por la inflaci&oacute;n.&nbsp; <\/p>\n<p class=\"article-text\"> Y no todas las &aacute;reas corrieron la misma suerte. Parte de las actualizaciones estuvo vinculada con obligaciones legales, mecanismos autom&aacute;ticos o conflictos que limitaron el margen del Ejecutivo para mantener determinadas partidas congeladas. En Educaci&oacute;n, por ejemplo, el principal refuerzo se produjo en el contexto del conflicto por el financiamiento universitario. Al mismo tiempo, otras pol&iacute;ticas sociales continuaron perdiendo recursos. En el extremo opuesto, las partidas destinadas a inteligencia recibieron ampliaciones muy superiores a la inflaci&oacute;n: el presupuesto de la SIDE pas&oacute; de $97.135 millones a $176.916 millones durante el a&ntilde;o.&nbsp; <\/p>\n<p class=\"article-text\"> Este contraste permite ver algo que queda oculto cuando la discusi&oacute;n se reduce a si el Estado alcanz&oacute; o no la meta de equilibrio fiscal. La readecuaci&oacute;n del gasto no se realiza&nbsp;de manera autom&aacute;tica y uniforme sobre todo el presupuesto. Existen decisiones sobre qu&eacute; gastos se preservan, cu&aacute;les se refuerzan y cu&aacute;les absorben la p&eacute;rdida. El equilibrio fiscal puede fijar el l&iacute;mite general, pero dentro de ese l&iacute;mite subsisten derechos y garant&iacute;as constitucionales que exigen una cierta asignaci&oacute;n del gasto. <\/p>\n<p class=\"article-text\"> Por eso, para entender lo ocurrido en 2026 hay que mirar tambi&eacute;n los a&ntilde;os anteriores. Hacia fines de 2023 la reducci&oacute;n del d&eacute;ficit&nbsp;fiscal fue un objetivo central del Poder Ejecutivo, y la disminuci&oacute;n del gasto fue el principal instrumento utilizado para alcanzarlo. Durante 2024 y 2025, adem&aacute;s, no hubo nuevas leyes de presupuesto: se prorrogaron los cr&eacute;ditos existentes en un contexto de inflaci&oacute;n elevada. La repetici&oacute;n de partidas en t&eacute;rminos nominales facilit&oacute; una fuerte reducci&oacute;n de su valor real, a la que se agregaron modificaciones presupuestarias y subejecuciones.&nbsp; <\/p>\n<p class=\"article-text\"> En ese sentido, 2026 no inaugur&oacute; esta l&oacute;gica. Lo que cambi&oacute; fue el mecanismo. Esta vez hab&iacute;a un presupuesto aprobado por el Congreso, pero la combinaci&oacute;n entre una inflaci&oacute;n subestimada y una meta expl&iacute;cita de equilibrio volvi&oacute; a colocar al gasto como principal variable de ajuste. De hecho, la propia l&oacute;gica hab&iacute;a sido explicitada anteriormente en el proyecto de Presupuesto 2025: frente a un desv&iacute;o del escenario macroecon&oacute;mico, se propon&iacute;a adecuar el gasto para cumplir con la regla de equilibrio financiero. Esa regla no fue sancionada entonces, pero la Ley de Presupuesto 2026 s&iacute; incorpor&oacute; la exigencia de cerrar el ejercicio con resultado financiero equilibrado o superavitario.&nbsp; <\/p>\n<p class=\"article-text\"> El problema no es solamente contable. Una ley de presupuesto es una norma jur&iacute;dica que debe cumplir mandatos constitucionales. La asignaci&oacute;n de recursos es uno de los medios fundamentales para hacer efectivos los derechos fundamentales. Si frente a cada desv&iacute;o de las variables econ&oacute;micas el resultado fiscal debe permanecer inalterado y el gasto es el que debe adaptarse, la vigencia de esos derechos puede quedar supeditada a un par&aacute;metro de mera conveniencia financiera.&nbsp; <\/p>\n<p class=\"article-text\"> La experiencia de 2026 resulta especialmente relevante para discutir el Presupuesto 2027. Esta vez, la pauta oficial de inflaci&oacute;n se encuentra mucho m&aacute;s cerca de las expectativas disponibles. El riesgo aparece en otro lugar: los ingresos. El proyecto prev&eacute; un crecimiento nominal importante de los recursos impositivos y aumenta sustancialmente su peso dentro de los ingresos corrientes de la Administraci&oacute;n Nacional. Si esa recaudaci&oacute;n no se concreta en los niveles previstos y, al mismo tiempo, se mantiene inalterada la exigencia de equilibrio, volver&aacute; a aparecer la pregunta sobre qu&eacute; variable deber&aacute; absorber el desv&iacute;o.&nbsp; <\/p>\n<p class=\"article-text\"> Despu&eacute;s de tres a&ntilde;os de fuerte reducci&oacute;n en los recursos destinados a garantizar derechos, la pregunta cobra mayor relevancia. Porque el debate sobre el Presupuesto 2027 no deber&iacute;a limitarse a evaluar el escenario bajo las proyecciones iniciales; en un contexto vol&aacute;til, resulta indispensable prever qu&eacute; ocurrir&aacute; si las variables macroecon&oacute;micas divergen de lo estimado. Frente a desfasajes entre lo proyectado y lo que efectivamente suceda, &iquest;c&oacute;mo se evitar&aacute; que sean las partidas vinculadas a derechos las que absorban la diferencia?&nbsp; <\/p>\n<p class=\"article-text\"> <em>El autor es economista del programa Justicia Distributiva de ACIJ<\/em> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entre la inflaci\u00f3n subestimada y la meta de equilibrio fiscal, el gasto social cerrar\u00eda 2026 unos 7 puntos real por debajo de lo votado, mientras la SIDE casi duplic\u00f3 su presupuesto. Qu\u00e9 deja esa experiencia para el debate sobre los gastos del a\u00f1o pr\u00f3ximo. 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