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El oficialismo consigui\u00f3 desactivar la sesi\u00f3n contra el DNU 70 mientras miles de manifestantes volvieron a reclamar por el financiamiento universitario. En el Gobierno descartan nuevas concesiones y buscan administrar el conflicto hasta la discusi\u00f3n del Presupuesto 2027.<\/p>\n<\/div>\n
En la Casa Rosada<\/strong> siguieron con atención el fracaso de la sesión especial en Diputados, donde la oposición no consiguió reunir el quórum necesario para avanzar contra el DNU 70\/2023<\/strong>. El resultado fue recibido como un alivio por el oficialismo, que había dedicado buena parte de sus esfuerzos de los últimos días a desactivar la convocatoria. Pero la tranquilidad parlamentaria contrastó con las imágenes que empezaban a llegar desde las calles del centro porteño<\/strong>, donde estudiantes, docentes y organizaciones sindicales se preparaban para protagonizar la quinta Marcha Federal Universitaria<\/strong>. <\/p>\n Con epicentro en la Plaza de los Dos Congresos, de la movilización —que terminó con incidentes— participaron estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, rectores y organizaciones sindicales, entre ellas la CGT, las dos CTA y ATE. La protesta se replicó en distintas ciudades del país y volvió a poner en discusión el deterioro de los salarios universitarios<\/strong>, el funcionamiento de las instituciones y la ejecución de los fondos previstos por ley. <\/p>\n En el entorno de Javier Milei <\/strong>sostienen que la discusión por el financiamiento de las casas de altos estudios debe encuadrarse dentro de las restricciones presupuestarias que establece el programa económico<\/strong> y rechazan cualquier iniciativa que, según su interpretación, comprometa el equilibrio fiscal. La movilización, en ese sentido, no parece destinada a alterar la estrategia oficial. La prioridad sigue siendo preservar las cuentas públicas, incluso a costa de prolongar un enfrentamiento que ya atravesó vetos presidenciales, insistencias parlamentarias y resoluciones judiciales adversas. <\/p>\n La marcha encontró a Milei fuera del país, durante un nuevo viaje a Estados Unidos<\/a>, y a su equipo político concentrado en las negociaciones legislativas. En los despachos oficiales consideran que el Gobierno tiene argumentos para defender su política universitaria<\/strong> y cuestionan que las organizaciones que encabezan el reclamo presenten el conflicto exclusivamente como una discusión por los recursos educativos. <\/p>\n La posición del Ejecutivo quedó expuesta durante la conferencia de prensa que Adrián Ravier<\/strong> ofreció el martes pasado, cuando faltaban apenas 48 horas para la movilización. El vocero presidencial buscó relativizar el alcance del reclamo y puso en duda las motivaciones de quienes convocaron a la protesta. “¿Es una marcha política o es una marcha por la educación?”<\/strong>, preguntó, después de cuestionar que las mismas organizaciones no se hubieran movilizado durante los gobiernos kirchneristas. <\/p>\n Ravier fue más allá y apuntó contra el tratamiento periodístico del conflicto. Les pidió a los medios que ayudaran a desmentir lo que consideró una versión equivocada sobre la política universitaria del Gobierno y sostuvo que el Ejecutivo había realizado esfuerzos para recomponer los ingresos docentes. Mencionó un aumento del 24% y otro posterior del 3%, y defendió las negociaciones encabezadas por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello<\/strong>. Pero dejó en claro que cualquier mejora tendrá un límite infranqueable: el equilibrio fiscal. <\/p>\n En la Casa Rosada buscan restarle dramatismo a la convocatoria de este jueves y separar el reclamo universitario de lo que consideran una ofensiva política contra el Gobierno. La lectura que transmiten es que la movilización no modificará la posición del Ejecutivo sobre el financiamiento y que cualquier recomposición deberá ajustarse a las metas fiscales. “Pueden llenar la plaza todas las veces que quieran, pero no vamos a romper el equilibrio fiscal”<\/strong>, sentenció un funcionario ante la consulta de elDiarioAR<\/strong>. <\/p>\n La convocatoria llega, además, en un momento particularmente incómodo para el Ejecutivo. En las últimas horas, el juez federal Martín Cormick<\/strong> dispuso una multa diaria de $100.000 contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli<\/a>, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario<\/strong>. La resolución obliga al Gobierno a actualizar los salarios del sector y garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles, dos de los puntos centrales del reclamo que vuelve a expresarse en las calles. <\/p>\n La disputa judicial mereció una explicación particular durante la conferencia del martes. Frente a los cuestionamientos por la falta de aplicación de la ley, Ravier ensayó una distinción: “No es cierto que no se esté cumpliendo con esa ley. Es una ley que está interrumpida”<\/strong>. El funcionario sostuvo que todavía no estaba definida la respuesta del Ejecutivo frente al fallo judicial y volvió a cuestionar al Congreso que había sancionado la norma por no establecer, según su interpretación, las fuentes de financiamiento necesarias. <\/p>\n El conflicto judicial representa un problema adicional para la Casa Rosada<\/strong>, porque reduce el margen para administrar los tiempos de una discusión que el oficialismo preferiría trasladar al debate del Presupuesto 2027. El Gobierno había vetado la ley sancionada por el Congreso con el argumento de que no contemplaba fuentes de financiamiento suficientes<\/strong>, pero ambas cámaras insistieron en su aprobación. Desde entonces, la disputa dejó de limitarse al terreno legislativo y se trasladó también a los tribunales, donde las universidades buscan obligar al Ejecutivo a cumplir con la norma. <\/p>\n![\"La](\"https:\/\/static.eldiario.es\/clip\/f1b0d1c6-37ee-41bf-92f0-e2b870ebb844_source-aspect-ratio_default_0.jpg\")
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