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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente por presunta discriminaci\u00f3n, incitaci\u00f3n a la violencia colectiva e incumplimiento de los deberes de funcionaria p\u00fablica, a ra\u00edz de una publicaci\u00f3n en la red social X en la que comparti\u00f3 im\u00e1genes de disturbios junto con la frase: \u201cAs\u00ed los universitarios reclaman sus derechos\u201d.<\/strong><\/p>\n El posteo cuestionado fue publicado el 15 de octubre de 2026, a las 18.20, en el contexto de la reciente marcha federal universitaria. Para los denunciantes, el mensaje de la ministra excedi\u00f3 la cr\u00edtica a posibles incidentes puntuales y termin\u00f3 estigmatizando al conjunto de la comunidad universitaria.<\/p>\n La presentaci\u00f3n fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py por los abogados Jos\u00e9 Lucas Magioncalda, Juan Mart\u00edn Fazio y Jos\u00e9 Luis Matilla, integrantes de la agrupaci\u00f3n Reset Republicano, quienes cuestionaron que la titular de Seguridad asociara el reclamo por el financiamiento de las universidades p\u00fablicas con episodios de violencia protagonizados por personas que, seg\u00fan se\u00f1alaron, no fueron identificadas.<\/p>\n En el escrito sostuvieron que la funcionaria vincul\u00f3 de manera \u201cgeneralizada, arbitraria y temeraria\u201d el reclamo por el presupuesto educativo y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario con \u201cla delincuencia y la violencia\u201d.<\/strong><\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n En ese sentido, cuestionaron especialmente el uso de la expresi\u00f3n \u201cAs\u00ed los universitarios\u201d, porque, seg\u00fan argumentaron, \u201cdespoja de individualidad a los autores de cualquier desm\u00e1n e imputa una conducta criminal a la totalidad del colectivo estudiantil, docente y no docente de las universidades p\u00fablicas del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n Los abogados solicitaron que se investigue si la publicaci\u00f3n puede encuadrar en el art\u00edculo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, el art\u00edculo 212 del C\u00f3digo Penal \u2014que contempla la incitaci\u00f3n a la violencia colectiva\u2014 y el art\u00edculo 248, referido al abuso de autoridad y al incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n Respecto de la posible incitaci\u00f3n a la violencia, se\u00f1alaron que el mensaje fue difundido desde una posici\u00f3n de poder institucional y que, por su alcance, podr\u00eda generar un riesgo para el colectivo universitario.<\/p>\n La denuncia tambi\u00e9n invoca jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sostener que los funcionarios p\u00fablicos deben actuar con especial cuidado al emitir declaraciones que puedan afectar a determinados grupos sociales, particularmente en contextos de conflicto.<\/p>\n En esa l\u00ednea, los denunciantes afirmaron que la imputaci\u00f3n gen\u00e9rica de hechos violentos a un colectivo, sin identificar a sus responsables, \u201ctensiona la presunci\u00f3n de inocencia\u201d y puede contribuir a la estigmatizaci\u00f3n de quienes ejercen leg\u00edtimamente un derecho.<\/p>\n El escrito tambi\u00e9n apunta contra la conducta de Monteoliva a la luz de las normas de \u00e9tica p\u00fablica. Cita la Ley 25.188 y el C\u00f3digo de \u00c9tica de la Funci\u00f3n P\u00fablica, que establecen pautas de prudencia, legalidad, veracidad e igualdad de trato para quienes ejercen cargos estatales.<\/p>\n Para los abogados, el caso debe analizarse teniendo en cuenta que la publicaci\u00f3n fue realizada por la m\u00e1xima autoridad nacional en materia de seguridad interior y no por un particular.<\/p>\n Como parte de las medidas de prueba, los denunciantes ofrecieron una captura de pantalla del posteo y solicitaron que se preserve y certifique la direcci\u00f3n URL mediante una constataci\u00f3n notarial o un peritaje inform\u00e1tico.<\/p>\n Tambi\u00e9n requirieron que se libre un oficio a la empresa X Corp. para que informe sobre la titularidad de la cuenta, los registros de acceso y las direcciones IP vinculadas con la publicaci\u00f3n.<\/strong><\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n Los tres abogados, que se identificaron como graduados y docentes de la Universidad de Buenos Aires, pidieron adem\u00e1s que se les reconozca el car\u00e1cter de v\u00edctimas en los t\u00e9rminos de la Ley 27.372.<\/p>\n Finalmente, solicitaron que se tenga por presentada la denuncia, se ordene su ratificaci\u00f3n y se dispongan medidas urgentes para evitar la eliminaci\u00f3n o alteraci\u00f3n de los registros digitales.<\/p>\n La denuncia recay\u00f3, tras el sorteo, en el juzgado federal 2 a cargo de Sebasti\u00e1n Ramos.<\/p>\n Noticia de Datamarca<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente por presunta discriminaci\u00f3n, incitaci\u00f3n a la violencia colectiva e incumplimiento de los deberes de funcionaria p\u00fablica, a ra\u00edz de una publicaci\u00f3n en la red social X en la que comparti\u00f3 im\u00e1genes de disturbios junto con la frase: \u201cAs\u00ed los universitarios reclaman sus derechos\u201d. 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