{"id":486,"date":"2026-08-20T06:55:12","date_gmt":"2026-08-20T09:55:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldiarioar.com\/politica\/hay-practicas-tecnoautoritarias-argentina-revelan-milei-reforzo-videovigilancia-control-datos_1_13456662.html"},"modified":"2026-08-20T06:55:12","modified_gmt":"2026-08-20T09:55:12","slug":"hay-practicas-tecnoautoritarias-en-la-argentina-revelan-como-milei-reforzo-la-videovigilancia-y-el-control-de-datos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/editorialcatamarca.com\/?p=486","title":{"rendered":"\u00abHay pr\u00e1cticas tecnoautoritarias en la Argentina\u00bb: revelan c\u00f3mo Milei reforz\u00f3 la videovigilancia y el control de datos"},"content":{"rendered":"

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El Gobierno gast\u00f3 al menos US$1,2 millones en reconocimiento facial, drones y monitoreo de redes sociales. La organizaci\u00f3n advirti\u00f3 que esas herramientas avanzaron sin debate legislativo ni controles judiciales. Advierten sobre Peter Thiel y el potencial desembarco de Palantir.<\/p>\n<\/div>\n

Entre 2024 y 2025, el Gobierno invirtió al menos US$1,2 millones en tecnologías de vigilancia. Contrató a Clearview AI, empresa de reconocimiento facial cuestionada en distintos países por construir su base de datos con millones de fotografías extraídas de internet sin consentimiento. También se hizo de una licencia de Maltego, plataforma de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) que permite cruzar información de redes sociales, la dark web y datos personales. Adquirió drones con cámaras térmicas y estaciones terrestres de seguimiento en tiempo real. <\/p>\n

La profundización del aparato de videovigilancia de la gestión de Javier Milei fue revelado por Amnistía Internacional, que presentó este miércoles en su capítulo local el informe “Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno argentino”. <\/strong>El documento reconstruye cómo la administración libertaria, junto con el gobierno porteño de Jorge Macri, ampliaron en los últimos años las herramientas de vigilancia estatal sin debate legislativo previo ni mecanismos de control externo. <\/p>\n

“Hay prácticas tecnoautoritarias en la Argentina”<\/strong>, resumió Matt Mahmoudi<\/strong>, investigador y asesor de Amnistía Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, durante la presentación a la que accedió elDiarioAR<\/strong>. <\/p>\n

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Matt Mahmoudi, investigador y asesor de Amnist\u00eda Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, este mi\u00e9rcoles en Buenos Aires. <\/span> <\/figcaption><\/figure>\n

El informe fue elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública, del análisis de los portales de compras estatales ComprAR y BA Compras, y de entrevistas a 21 personas —periodistas, activistas, jubilados, jóvenes y defensores de derechos humanos— sobre cómo perciben y viven la vigilancia estatal. Según la organización, ese conjunto de reformas normativas, nuevas estructuras operativas y contratos con empresas privadas configura “un nuevo paradigma” de seguridad que multiplica la capacidad del Estado para identificar, perfilar y monitorear a la población sin las garantías que exige el derecho internacional de los derechos humanos. <\/p>\n

El informe describe un conjunto de reformas institucionales impulsadas por decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo, sin pasar por el Congreso: el DNU 945, que modificó el sistema de inteligencia nacional y amplió las definiciones de “amenaza” bajo un régimen de mayor reserva<\/strong>; la reforma del estatuto de la Policía Federal, que formalizó el monitoreo de redes sociales sin autorización judicial bajo la figura del “ciberpatrullaje” y habilitó el uso de identidades digitales ficticias por parte de agentes encubiertos; la creación de la Agencia Federal de Ciberinteligencia; el Protocolo Antipiquetes, que habilita la intervención de fuerzas federales en manifestaciones sin orden judicial y promueve la identificación y el registro de manifestantes; y la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS)<\/strong>, dependiente del Ministerio de Seguridad, con funciones de reconocimiento facial, monitoreo digital y predicción del delito, sin mecanismos específicos de control externo. <\/p>\n

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Paola Garc\u00eda Rey, directora adjunta de Amnist\u00eda Internacional Argentina, y Matt Mahmoudi, investigador y asesor de Amnist\u00eda Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, este mi\u00e9rcoles en la presentaci\u00f3n del informe. <\/span> <\/figcaption><\/figure>\n

“Esto avanza sin debate legislativo, sin impacto en los derechos humanos, sin controles ni monitoreo. Hay un oscurantismo impresionante sobre esta agenda”<\/strong>, planteó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. La activista señaló que no existe información pública sobre la cantidad de cámaras desplegadas ni sobre la trazabilidad de las imágenes que capturan, y recordó que la Policía Federal ya reconoció que utiliza sistemas de reconocimiento facial ex post, es decir, para identificar personas a partir de imágenes ya registradas. “Está judicializado el DNU de la SIDE y aún estamos peleando qué jurisdicción lo agarra. También el protocolo antipiquete, pero sigue apelado. No dejaremos de insistir en el rol independiente del Poder Judicial”, agregó. <\/p>\n

Mahmoudi, por su parte, distinguió tres tipos de tecnología que integran ese entramado: la inteligencia de fuentes abiertas para monitorear redes sociales y la deep web<\/strong>, que permite reconstruir de forma automática y sin control judicial los movimientos y vínculos de una persona; el reconocimiento facial y la vigilancia biométrica masiva<\/strong>, que a diferencia de la verificación “uno a uno” de un teléfono celular compara una imagen contra bases de datos con millones de rostros y puede operar en vivo o de manera retrospectiva; y las prácticas de policiamiento predictivo<\/strong>, que usan datos históricos para estimar dónde puede cometerse un delito. <\/p>\n

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Amnist\u00eda tambi\u00e9n advirti\u00f3 sobre el desembarco de Peter Thiel en la Argentina. <\/span> <\/figcaption><\/figure>\n

“El reconocimiento facial no es legal, y se usa de manera innecesaria y desproporcionada”, afirmó. Sobre los sesgos de esas herramientas, sostuvo que las prácticas policiales basadas en estos sistemas “reproducen e institucionalizan sesgos bajo la apariencia de neutralidad técnica, pero eso son excusas, porque profundizan la discriminación de comunidades ya racioalizadas”<\/strong>, en referencia al despliegue desigual de cámaras y patrullajes sobre zonas y comunidades ya sobrerrepresentadas en los registros policiales. <\/p>\n

El informe también repasa los pedidos de información que Amnistía envió a la Secretaría de la Presidencia y a la Cancillería, que no fueron respondidos de forma sustantiva. Uno apuntaba a conocer el contenido de la reunión que altos funcionarios del Gobierno mantuvieron con el empresario Peter Thiel, fundador de Palantir<\/strong>, cuya compañía en Estados Unidos provee herramientas de identificación facial para operativos migratorios. “Las respuestas del Gobierno son vagas. No hay certezas sobre contrataciones o servicios de Palantir hacia el Gobierno”, dijo Mahmoudi. Otro pedido indagó sobre el acuerdo de swap de monedas firmado con Estados Unidos en 2025, uno de cuyos puntos habilita la transferencia de datos con fines de identificación; según la organización, la respuesta de Cancillería también fue imprecisa. <\/p>\n

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No hay forma de utilizar la tecnovigilancia a favor de los derechos humanos. Esto se basa en im\u00e1genes de personas sin consentimiento. La tecnolog\u00eda no puede funcionar sin vigilancia masiva<\/p>\n

Matt Mahmoudi<\/span> \u2014<\/span> Asesor de Amnist\u00eda Internacional <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/blockquote>\n

Un capítulo central del informe está dedicado a lo que Amnistía denomina “efecto inhibidor” o chilling effect: el modo en que la sola percepción de estar siendo vigilado modifica el comportamiento de las personas, incluso sin que medie una represalia concreta<\/strong>. A partir de las 21 entrevistas realizadas, la organización relevó una reducción en la participación en manifestaciones, cambios en las estrategias organizativas de activistas y de la sociedad civil, migración hacia plataformas de comunicación consideradas más seguras y autocensura en redes sociales, con impactos particulares sobre trabajadores de prensa, activistas y personas migrantes. “No hay forma de utilizar la tecnovigilancia a favor de los derechos humanos. Esto se basa en imágenes de personas sin consentimiento. La tecnología no puede funcionar sin vigilancia masiva”<\/strong>, sintetizó Mahmoudi. <\/p>\n

Amnistía Internacional le escribió además a Clearview AI para trasladarle sus hallazgos y pedirle una respuesta, pero al momento de la publicación del informe no había recibido contestación de la empresa. La organización sostiene que Clearview debería suspender el desarrollo, la venta y la exportación de tecnologías de reconocimiento facial en la Argentina mientras no realice una evaluación pública de impacto en los derechos humanos. Entre sus recomendaciones, Amnistía le pide al Gobierno y al de la Ciudad que prohíban el desarrollo, la producción, la venta y el uso de tecnologías biométricas de vigilancia masiva y discriminatoria; que suspendan de inmediato las herramientas ya desplegadas sin base jurídica específica ni evaluación de impacto; que se transparente la estructura y el presupuesto de la UIAAS; y que el Congreso ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, hoy inactiva. “Tenemos un espacio cada vez más chico para ejercer nuestros derechos. Tenemos que hacer sonar la alarma”<\/strong>, cerró García Rey. <\/p>\n

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MC<\/em> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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