La despenalización del aborto en 24 de los 32 estados de México hasta la semana 12 de gestación no ha eliminado la criminalización en contra de las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo, tanto en clínicas públicas y privadas, pues en pleno 2026 las fiscalías estatales continúan abriendo carpetas de investigación.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aun bajo esquemas de despenalización parcial mediante causales y plazos, las personas que abortan y quienes las asisten pueden ser denunciadas.
Incluso, dependiendo del estado en que ocurra el aborto, pueden enfrentar sanciones de tres meses hasta seis años de prisión.
En muchos casos, esto último ocurre tras enfrentar lo que el colectivo denominó ‘Protocolo de criminalización’, que según lo documentado por la organización, empieza con una estigmatización y puede derivar en la activación de un proceso penal o en que se vulnere el debido proceso.
Según GIRE, se han documentado situaciones en las que se da por hecho que hubo un aborto inducido sin evidencia clínica suficiente; se retrasa, niega o brinda de manera incompleta la atención; se mantiene a las personas en incertidumbre o se distorsiona la información clínica.
El registro de GIRE, elaborado con información de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y publicado en su micrositio: Aborto en papiroflexia, cómo se vive la criminalización, de enero a junio del 2026 se han registrado 466 carpetas y averiguaciones previas por el delito de aborto en todo el país.
Estas se suman a las 8 mil 078 carpetas que se han acumulado desde 2015 hasta el presente año, principalmente en cinco estados, entre estos la Ciudad de México, donde el aborto está despenalizado desde hace 19 años.
Edomex suma 117 registros en 2026
El Estado de México registra 117 carpetas y averiguaciones previas por aborto entre enero y junio de 2026, cifra que ya supera el total anual de 2024
Según los datos difundidos por GIRE, en 2025 el estado registró 139 carpetas en total, 108 en 2024, 156 en 2023, 144 en 2022 y 149 en 2021.
En 2020, reportó 145 casos; en 2019, 155; en 2018, 107, y en 2017, 72. En el 2016 fueron 66 y en 2015, 71.
CDMX acumula 111 carpetas en seis meses
Pese a que el aborto voluntario, hasta la semana 12 de gestación, está despenalizado en Ciudad de México desde el 2008, en los primeros seis meses del 2026 se registraron 111 carpetas y averiguaciones previas por interrupción del embarazo en la capital del país.
De acuerdo con GIRE, en 2025 se reportaron 244, la cifra más alta de su serie anual desde 2015.
La capital tuvo 187 registros en 2024, 181 en 2023 y 192 en 2022. En 2021 contabilizó 102, después de 79 en 2020. Un año antes reportó 132 y en 2018 fueron 110.
Las carpetas continúan en entidades con distintos registros
Después de Estado de México y Ciudad de México, Nuevo León reporta 84 carpetas y averiguaciones previas por aborto en el primer semestre de 2026.
En el mismo periodo, Baja California sumó 35, Tamaulipas 23 y Guanajuato 18, mientras que Michoacán registró 13 casos y Morelos, siete.
Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí, resgitraron seis cada una. Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca y Sonora reportan cinco por entidad.
Veracruz y Zacatecas acumulan cuatro carpetas y averiguaciones previas cada uno. Puebla tiene 3; Chiapas, 2; Tabasco, uno. Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán aparecen sin registros hasta junio.
Reportan más de 8 mil carpetas desde 2015
México acumula 8 mil 078 carpetas de investigación y averiguaciones previas por aborto entre 2015 y junio de 2026, según los datos de GIRE con base en el SESNSP.
Del total que se registaron en dicho periodo, mil 236 corresponden a Nuevo León; 583 a Baja California; 486 a Tamaulipas, y 287 a Guanajuato.
Les siguen Veracruz, con 281; Querétaro, con 233; Jalisco, con 181; Hidalgo y Michoacán, con 174 cada uno; Oaxaca, con 127; Morelos, con 120; Chiapas, con 114; San Luis Potosí, con 109; Baja California Sur, con 107; Chihuahua, con 100, y Aguascalientes, con 96.
En el resto de las entidades, Quintana Roo suma 76 registros; Sonora, 67; Puebla, 66; Sinaloa, 54; Guerrero, 47; Zacatecas, 44; Tabasco, 42; Coahuila, 29; Colima y Yucatán, con 27 cada uno; Durango, con 17; Campeche, con 14; Nayarit, con 13; Tlaxcala, con 12, y Querétaro no reporta carpetas ni averiguaciones previas durante 2025 y hasta junio de 2026, aunque acumula 233 en todo el periodo.
Protocolo de criminalización
Según GIRE, la criminalización puede comenzar en los servicios de salud cuando una sospecha de aborto inducido desplaza la atención médica y coloca a la persona usuaria bajo una presunción de culpabilidad, lo cual denomina como “protocolo de criminalización”.
El mecanismo puede incluir la imposición de una versión de los hechos, negligencia médica, incertidumbre para la persona usuaria y su entorno, o la alteración de información clínica, como aumentar las semanas de gestación en el expediente.
En casos extremos, señala GIRE, pueden surgir acusaciones por otros delitos, como infanticidio, aun sin una carpeta de investigación.
La organización sostiene que estas prácticas no sólo alcanzan a quienes requieren atención médica, pues familiares y acompañantes también enfrentan desinformación, temor a citatorios o posibles procesos judiciales, incluso cuando no se ha cometido un delito.
Advirtió que la apertura de investigaciones también puede ocurrir cuando las autoridades ministeriales y sanitarias desconocen el marco normativo.
En esos casos, las personas enfrentan al sistema penal después de haber padecido obstáculos para acceder a servicios de aborto, información precisa o atención libre de estigmas.
