La nueva versión matiza las sanciones a las empresas que prestan servicios a las compañías que explotan recursos en Islas Malvinas, reescribe el delito de “desinformación masiva” y otorga al Congreso facultades de control sobre el Consejo de Seguridad Nacional. El oficialismo consiguió las firmas para firmar dictamen de mayoría.
Después de varias idas y vueltas, de reuniones con emisarios del gobierno de Donald Trump y con dirigentes del PRO y la UCR, el Gobierno aceptó modificar el proyecto que Javier Milei anunció con grandilocuencia por cadena nacional. El dictamen del proyecto de “Defensa de la soberanía nacional”, que consiguió las firmas necesarias en la Cámara de Diputados, matiza las sanciones a las empresas que prestan servicios a las compañías que explotan recursos en Islas Malvinas, reescribe el delito de “desinformación masiva” y otorga al Congreso facultades de control sobre el Consejo de Seguridad Nacional.
Con estos cambios, el oficialismo logró sumar un total de 60 firmas para el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. Tuvo el apoyo del PRO y la UCR, pero también de aliados elusivos como el misionero Oscar Herrera Ahuad y los santafesinos pullaristas, Pablo Farías y José Nuñez, que acompañaron en disidencia. Con estos números, Martín Menem pretende aprobar el proyecto el 18 de noviembre en la Cámara de Diputados, después de la visita del Papa León XIV.
El encargado de anunciar los cambios fue el bullrichista Damián Arabia, quien repitió los pasos de su jefa política y aprovechó para marcar sus matices con el Gobierno respecto a la libertad de expresión. Uno de los puntos más polémicos del proyecto era el que creaba un nuevo tipo penal que permitía castigar con 12 años de prisión a quienes participen de “campañas coordinadas de desinformación” con apoyo extranjero. Ese artículo fue eliminado y se reformuló el concepto de “campaña de injerencia extranjera”.
Según la nueva versión del proyecto, se entenderá por “campaña de injerencia extranjera” a las acciones planificadas, sostenidas en el tiempo, organizadas de forma “clandestina, engañosa o ilícita” y que, ocultando su vínculo con la organización extranjera, busquen “alterar un proceso electoral” o “o condicionar el proceso decisorio de las autoridades constituidas de la Nación”. En ese caso, la pena será de 8 a 15 años.
“Este punto es importante porque, bajo ningún punto de vista, se debe decidir qué opinión es verdadera o falsa. Se debe perseguir conductas ilícitas, nunca ideas”, afirmó Arabia, en línea con los cuestionamientos que Patricia Bullrich hizo a la frase de Milei sobre “quemar periodistas en la hoguera”.
También se modificó el capítulo de infraestructuras críticas, que habilitaba a las fuerzas armadas a proteger aquellos servicios o infraestructuras de actos de terrorismo o de injerencia extranjera. El Grupo Clarín estaba preocupado por este punto porque utiliza tecnología de la empresa china Huawei para los servicios de conectividad y redes 5G, por lo que una eventual intervención del Poder Ejecutivo sobre esa infraestructura podría afectar al multimedio. A pedido de la empresa (y de varios diputados aliados), el oficialismo cambió el capítulo y fijó criterios más objetivos para identificar estas infraestructuras y las posibilidades de intervención del Ejecutivo.
“La protección de las redes tiene por único objetivo preservar su integridad y disponibilidad, no autorizando el monitoreo, acceso o bloqueo de los contenidos que circulan por ellas”, señaló Arabia.
Se introdujo la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, que le dará facultades al Congreso para hacer un mínimo control sobre el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional. Este Consejo es una creación especial de la nueva ley del Gobierno, una suerte de superministro habilitado a realizar investigaciones administrativas amplias y sin control judicial, así como para aplicar sanciones a personas jurídicas o físicas.
El cambio más profundo, sin embargo, fue al primer título del proyecto, que es el que establece las sanciones para las empresas que explotan recursos naturales en la plataforma continental argentina. Cuando Milei presentó la iniciativa por cadena nacional, hace ya casi dos meses, la excusa fue que el Gobierno buscaba recrudecer la persecución sobre las empresas que, como Rockhopper y Navitas Petroleum, buscaban explotar petróleo en la zona Malvinas. El proyecto original aumentaba las penas contra estas empresas e incluía sanciones contra todas aquellas compañías proveedoras que les prestasen cualquier tipo de servicios, así como también la inhabilitación para que operen en el Continente.
Una conversación con el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, cambió los planes. Según admitió el mismo funcionario de Trump en una conferencia de prensa en Buenos Aires, la administración norteamericana estaba preocupada por el impacto que estas sanciones podían tener sobre sus propias empresas. En el Gobierno lo negaron, pero fue el propio Landau quien dijo, hace una semana, que “es natural que nos preocupemos por los intereses de nuestras empresas”.
El nuevo dictamen matiza las sanciones a los proveedores: para sancionar a esas empresas, los bienes o servicios que prestan deberán ser indispensables para la actividad ilegal. También quedan exceptuados determinados accionistas minoritarios, con participaciones de hasta el 2%, y fondos de inversión que no tengan poder de decisión sobre los activos.
“Es un proyecto que intentan llamar ‘de soberanía’ y que se redactó en Estados Unidos”, los cruzó, durante el debate en comisión, la diputada de izquierda Myriam Bregman, que aprovechó para pedir explicaciones sobre si el ex candidato presidencial de Brasil, Flavio Bolsonaro, había pasado por Argentina antes de fugarse a Estados Unidos. “Se las pasan hablando de mano dura y el que las hace las paga y cuando son a ustedes los que los descubren son patitos en fuga”, ironizó.
Juan Grabois, mientras tanto, le preguntó directamente al presidente de la comisión, el libertario Carlos Zapata, si el gobierno norteamericano había solicitado esos cambios. “No le puedo contestar”, le respondió Zapata.
El peronismo presentó su propio dictamen de minoría, que coincide en gran medida con la primera parte del proyecto del Gobierno, que es el que refiere a las sanciones a las empresas que explotan recursos en Malvinas. “En vez de tener la unanimidad que el tema Malvinas requiere estamos haciendo otra cosa por el capricho de un pendejo. Me cago en ese pendejo”, se enojó el titular del bloque peronista, Germán Martínez. Hacía referencia al autor intelectual del proyecto, el asesor monotributista Santiago Caputo.
MCM/CRM
